Desde que se promulgó la Constitución Española en 1978, hay diferentes conceptos que están en el aire y son cuestionables o mejorables en el mejor de los casos. Uno de ellos, el Estado de las Autonomías, es una auténtico disparate que destruye los elementos de cohesión y nuestra unidad nacional. En vez de avanzar hacia delante resulta que retrocedemos al Reino de las Taifas en plena edad media, a la tribu del neolítico. Estamos siendo gobernados cultural y administrativamente por 17 taifas-feudalistas (sin contar Ceuta y Melilla) con sus respectivos califas.

El Reino de las Taifas nace en 1031 cuando el Califato de Córdoba deja de ser la capital del imperio árabe-hispano. La monarquía árabe se desmenuza en pequeñas taifas, que llegaron a ser 23. Dicho debilitamiento fue aprovechado por los cristianos que en el transcurso de los años facilitaría la reconquista española.

El Estado de las Autonomías, impuesto por una minoría ultraregionalista al resto de la población, surge a raíz del movimiento nacionalista en el País Vasco y Cataluña. En la Constitución de 1978 se establece la creación de 17 taifas que se han desarrollado y evolucionado hasta nuestros días como auténticos estados. Todo ello ha sido posible gracias a los dos partidos políticos (PSOE y PP) que han traicionado a la mayoría del pueblo que no nos consideramos nacionalistas. Y es que el sistema electoral español establece que la circunscripción electoral para elegir a los representantes en el Congreso y en el Senado es la provincia. Esto favorece claramente a los partidos que congregan más votos en una sola región.

A estos nazi-onalistas orquestados desde el fundamentalismo vasco y catalán, les siguen en sus sandeces el gallego, canario y demás títeres. Su acaparación de poder y su burocracia administrativa, su afán por distinguirse del resto de las regiones menospreciando el legado histórico-cultural, ha llevado a plantearnos si es realmente constitucional dicha configuración.

Las autonomías rompen el sistema de cohesión y fraternidad del bien común de todos los españoles. Es un lastre económico mantener los 17 feudos que compiten atrozmente entre sí por la financiación, subvenciones, ayudas directas o indirectas, los recursos (agua, cajas de ahorro, etc). Aparte de mantener tantos califas (presidendentes autónomos) y pléyades de visires (ministros), y miríadas de funcionarios parásitos. El coste de edificios, parlamentos, despachos, y demás haciendas para el provecho de una minoría político-burguesa que vive a espensas del resto del pueblo. Diecite fiscalidades distintas, diecite sistemas sanitarios y penciones diferenciadas, diecite sistemas educativos a cual peor, diecite justicias contradictorias entre sí, y así hasta un largo etcétera.

Ante tal despilfarro económico, incompentencia de los servicios, chupaderas de ubres de los maleantes califas regionales. Tenemos que aguntar a estos caraduras arremeter sus fracasos e incompetencia contra el estado español. Cuando éste, cada vez más débil y descentralizado, apenas gestiona el 19% de los recursos.

¿Hasta cuando tendremos que aguantar semejante sangría? ¿Por qué no cambiamos el sistema electoral para no favorecer al regionalismo?

Y es que una cosa es descentralizar el estado para hacerlo más cercano y eficiente al ciudadano (diríase una descentralización administrativa, que no política) y otra cosa bien distinta, desgajarlo y sangrarlo creando estas taifas. Con el consiguiente que cada vez se vuelven más independientes entre sí, entorpecen el entendimiento entre ciudadanos de distinta región, crea trabas administrativas, se vuelven separatistas e insolidarias, y, para colmo, elevan el gasto público a cifras disparatadas.